Hay una preocupación que me lleva a escribir estas líneas: la aceptación social de la violencia contra los jóvenes mientras se debilita la prevención y la protección de la niñez. Me inquieta que lleguemos a celebrar sus muertes y que el miedo nos haga olvidar cuánto pudimos hacer antes para evitar que sus vidas tomaran ese rumbo.
Durante veintiséis años trabajé de manera honorífica con niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Esa experiencia me permitió conocer de cerca el valor de los programas de prevención en las comunidades marginadas, especialmente cuando incluyen a las familias. Vi lo que pueden lograr la educación, el acompañamiento y una oportunidad ofrecida a tiempo.
Por eso, me cuesta aceptar la idea de que matar a estos jóvenes resolverá nuestros problemas de seguridad. Cuando faltan herramientas para prevenir, proteger y reinsertar, la respuesta parece reducirse al castigo o a la eliminación. Desde la comodidad de los despachos se anuncian medidas que prometen acabar con la violencia, mientras en las comunidades siguen pendientes de atención las condiciones que la alimentan.
La fórmula de un sistema que los abandona y una policía que los mata debe terminar. No podemos seguir aceptando su muerte como solución.
Recuerdo que el 6 de agosto de 2013 se promulgó la Ley 106-13, la cual modificó la Ley 136-03 y aumentó las sanciones de privación de libertad para adolescentes infractores. Han pasado más de trece años y seguimos haciéndonos las mismas preguntas sobre la inseguridad y la delincuencia juvenil. ¿Cuánto hemos invertido, durante ese tiempo, en evitar que un niño llegue a ese punto?
Endurecer las penas no sustituye una política integral de prevención y protección. Aumentar los castigos puede resultar una respuesta políticamente fácil, mientras que educar, acompañar y reinsertar exige recursos, continuidad y compromiso. Exige permanecer en las comunidades cuando se apagan las cámaras y terminan los discursos.
Las manifestaciones de la conducta violenta suelen tener una historia previa. Puede haber un detonante, pero detrás hay un camino largo de dificultades.
Muchos de estos jóvenes han conocido desde temprano el maltrato, el abandono y la exclusión. Comprender su comportamiento y su manera de reaccionar requiere mirar las condiciones en que crecieron y preguntarnos cuáles de sus derechos fueron realmente garantizados. Esa mirada debe orientar una respuesta que les permita asumir responsabilidades y reconstruir sus vidas.
En ese camino, la escuela ocupa un lugar fundamental. Me preocupa la facilidad con que un muchacho considerado "inquieto" o difícil puede terminar expulsado de una escuela o de un colegio privado. Cada expulsión puede abrir una puerta a los riesgos de la calle, precisamente cuando ese estudiante necesita más orientación y acompañamiento.
Para atender estos casos, la escuela necesita docentes preparados, apoyo psicológico y estrategias para abordar las dificultades de conducta. También necesita trabajar junto a las familias. Si respondemos a cada problema apartando al estudiante, corremos el riesgo de profundizar la exclusión que deberíamos ayudar a superar.
Sin embargo, como sociedad, estamos dispuestos a pagar por vigilancia, alarmas, verjas y barreras, mientras relegamos la inversión en educación, apoyo familiar y programas comunitarios. Nos acostumbramos a vivir amurallados, con vigilancia las veinticuatro horas, y a caminar inseguros por nuestras calles. ¿Cuánto de lo que destinamos a protegernos estamos dispuestos a invertir en la formación de quienes crecen sin oportunidades?
La prevención necesita presupuesto. Las buenas intenciones y los cambios institucionales pierden fuerza cuando no cuentan con fondos para ejecutarse. Proteger a la niñez y la adolescencia requiere personal capacitado, servicios accesibles y programas sostenidos, con resultados que puedan evaluarse.
También requiere un Estado que ejerza su autoridad con responsabilidad. Una respuesta basada en la confrontación y el uso abusivo de la fuerza puede alimentar nuevos ciclos de violencia. Corresponde al Estado proteger a la población, investigar los delitos y garantizar que la justicia actúe con respeto a la vida y a la dignidad humana.
Sé que el miedo pesa. Una ciudadanía atemorizada puede llegar a celebrar la muerte de un joven señalado como delincuente y dejar de exigir prevención, justicia y oportunidades de reinserción. Pero ese aplauso debería preocuparnos, porque celebramos un desenlace que también nos obliga a reconocer las fallas del sistema. Más aún, porque revela hasta qué punto podemos acostumbrarnos a que la muerte ocupe el lugar de las soluciones.
Por la misma razón, me inquieta que se pretenda tratar a los adolescentes como adultos y debilitar el sentido de la justicia juvenil. Su etapa de desarrollo requiere una respuesta diferenciada, que les permita asumir las consecuencias de sus actos y les ofrezca posibilidades reales de reinserción. Su dignidad permanece, incluso cuando han cometido una infracción.
Los derechos conquistados necesitan una defensa constante. Los avances en protección infantil pueden retroceder si dejamos de vigilarlos y de exigir su cumplimiento. Por eso extraño una voz conjunta, firme y pública de las organizaciones que trabajan por la infancia. Hace falta recuperar esa articulación y recordar que la protección de los niños, las niñas y los adolescentes nos compromete a todos.
Después de tantos años junto a esta población, sigo convencida de que debemos actuar antes de que la exclusión y la violencia marquen sus vidas. Y, cuando ya las han marcado, debemos sostener las oportunidades de cambio.
La seguridad que anhelamos también se construye en una familia acompañada, en una escuela que incluye, en una comunidad con recursos y en un joven que encuentra una oportunidad antes de que sea tarde.
En memoria de Boboli, Guccito, Bebeco, Piro Caco de Muñeca, Cri Crí, La Changa, Chandel, el Fugao, Camalarga, Come Hombre, Hansel Boca Negra, El Malito, Gregori Peligro, Tino, Caco de Leche, El Chupa Cabra, Richard Gatillo y Bombita. Por sus vidas y por las que todavía estamos a tiempo de proteger.
