El arroz dominicano está ante una encrucijada: o fortalecemos al productor para que pueda competir, o terminaremos importando no solo el arroz, sino también buena parte de la riqueza que hoy genera su producción.

No es una discusión menor. Estamos hablando del alimento que ocupa un lugar central en la mesa dominicana, de más de 30,000 productores y de una cadena que involucra trabajadores, transportistas, factorías, suplidores, comerciantes, entidades financieras y familias enteras en las principales zonas arroceras.

Detrás de cada libra de arroz hay producción, empleo, comunidades y seguridad alimentaria.

La discusión sobre las condiciones de acceso del arroz estadounidense al mercado dominicano obliga a una pregunta que el Gobierno no puede esquivar:

¿Queremos una República Dominicana capaz de producir buena parte de los alimentos que consume o un país cada vez más dependiente de las condiciones que otros establezcan para vendernos lo que comemos?

Durante la vigencia del DR-CAFTA tuvimos tiempo para prepararnos para la apertura. No hicimos todo lo necesario. Faltó avanzar con mayor rapidez en mecanización, tecnología, investigación, productividad y reducción de costos.

Pero reconocer esas deficiencias no significa dejar al productor indefenso. Significa que el Estado debe acelerar las herramientas que permitan corregirlas.

Las reglas comerciales están cambiando. El esquema establecido en el Decreto 693-24, que contemplaba una cuota preferencial de arroz estadounidense, fue sustituido tras la derogación de ese decreto mediante el 635-26. Ante este nuevo escenario, el productor necesita saber cuáles serán las reglas y, sobre todo, con qué instrumentos contará para competir.

Uno de los principales mecanismos de financiamiento es la pignoración. Para 2026-2027, Banreservas anunció RD$12,000 millones para financiar el programa, a una tasa preferencial de 7%. ¿Qué ocurrirá con ese sistema si las nuevas condiciones comerciales presionan los precios y afectan la capacidad de pago de los productores?

La pregunta requiere respuestas concretas.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, conoce el sector desde dentro. Es productor arrocero y cuenta con más de tres décadas de experiencia vinculada a esta actividad. Su gestión ha señalado como prioridades la mecanización, la tecnología, la investigación y el fortalecimiento institucional, y el Gobierno anunció en abril el fortalecimiento de la Unidad Técnica Ejecutora de Pignoraciones y de Bio-Arroz.

Ahora toca convertir esas iniciativas en una política integral de competitividad.

Porque una cosa es importar para complementar la producción nacional y otra permitir que la importación termine sustituyéndola.

Importar no es el problema. El problema sería dejar de producir aquello que después tendremos que importar.

Las consecuencias irían mucho más allá del agricultor. Si la producción pierde espacio, también se resentirán los comercios, talleres, transportistas, cooperativas, entidades financieras y comunidades cuya economía depende de las cosechas.

El arroz seguirá llegando a las mesas dominicanas. La cuestión es quién lo producirá y dónde quedará la riqueza generada por ese consumo.

La República Dominicana ha demostrado que puede producir arroz. En 2025 alcanzó una producción récord de 14.78 millones de quintales, según cifras oficiales. Y el ministro de Agricultura ha informado que durante 2026 no ha sido necesario autorizar importaciones para abastecer el mercado nacional, debido a la producción y a los inventarios existentes.

Entonces, ¿por qué arriesgar una capacidad que hemos demostrado tener sin garantizar primero las condiciones para que el productor pueda competir?

Mao, Castañuelas, Montecristi, San Francisco de Macorís, La Vega, Nagua y muchas otras comunidades conocen perfectamente el impacto.

Cuando el arroz se mueve, se mueve la economía. Cuando se detiene, se resiente una cadena productiva completa.

El sector no está pidiendo protección indefinida. Está pidiendo tiempo, condiciones y herramientas para competir: financiamiento, tecnología, mecanización, investigación, asistencia técnica y menores costos.

El Estado no tiene que sustituir al productor ni impedir el comercio. Tiene que crear las condiciones para que pueda modernizarse y enfrentar la competencia.

Esa debería ser la discusión: cómo abrirnos al comercio sin desmantelar la capacidad productiva que nos permite alimentarnos.

Porque cuando un país deja de producir lo que consume, el problema deja de ser exclusivamente comercial y pasa a ser estratégico. Depender de las cosechas, excedentes y decisiones de otros países para garantizar nuestra alimentación reduce nuestra capacidad de decisión.

Por eso el arroz dominicano no es solamente una mercancía.

Es producción, empleo, territorio y seguridad alimentaria.

Gobierno:

no dejen que se les muera en los brazos el sector arrocero.

Y no basta con prometer protección. Hay que actuar antes de que los efectos de la apertura lleguen al productor.

Definan y comuniquen las nuevas reglas comerciales. Garanticen el financiamiento de la próxima cosecha. Fortalezcan la pignoración. Aceleren la mecanización, la investigación y la asistencia técnica. Y presenten un programa verificable de reducción de costos y aumento de productividad.

No cuando caigan los precios. No cuando comiencen las deudas. Ahora.

Una cosecha perdida puede volver a sembrarse. Un productor puede volver a levantarse. Una tecnología atrasada puede modernizarse.

Pero cuando desaparece una cadena productiva completa, recuperarla puede tomar décadas.

La seguridad alimentaria no se defiende con discursos.

Se defiende garantizando que quien hoy produce el arroz que llega a nuestra mesa pueda seguir sembrándolo mañana.