¿Cómo se explica que un país privilegiado por la naturaleza, situado —como escribió Pedro Mir— en el mismo trayecto del sol, termine imponiendo nuevas cargas a quienes deciden aprovechar su energía?

La República Dominicana dispone de alrededor de 4,000 horas de sol al año, una riqueza natural extraordinaria para avanzar hacia un modelo energético más limpio, diversificado y menos dependiente de los combustibles fósiles. Sin embargo, la aplicación de un cargo por el uso de la red eléctrica a determinados usuarios de paneles solares abre un debate necesario sobre los incentivos a la generación renovable.

Sin ser técnico en materia eléctrica, cuesta comprender la lógica de una medida que, según establece la resolución SIE-007-2026-REG, contempla un cargo por uso de la red para usuarios de generación distribuida bajo tarifa monómica. El artículo 19, numeral 1, literal e, establece que este se calcula multiplicando la energía inyectada a la red por el 25 % del cargo por energía de la tarifa asignada, manteniendo el esquema de medición neta.

La justificación de las autoridades es que las redes tienen costos de operación, mantenimiento y modernización. Es una realidad que debe reconocerse. Pero también es legítimo preguntar si el mecanismo elegido distribuye esos costos de manera equilibrada y si sus efectos podrían desincentivar futuras inversiones en energía limpia.

Según datos atribuidos a la Comisión Nacional de Energía (CNE), al 31 de agosto de 2026 había 24,343 usuarios inscritos en el programa, con una capacidad instalada de 556 megavatios. Estas cifras reflejan la expansión de una alternativa que ha despertado el interés de hogares y empresas dominicanos.

¿A quiénes alcanzaría la medida?

De acuerdo con las condiciones descritas, el cargo aplicaría a nuevos proyectos con demanda inferior a 10 kW y a determinados usuarios cuyos contratos lleguen a su vencimiento. En el caso de Edesur, se ha señalado que afectaría inicialmente a usuarios incorporados al Programa de Medición Neta antes de octubre de 2021, con tarifas BTS-1 y BTS-2, a partir del 1 de noviembre de 2026.

La pregunta es inevitable: ¿qué ha cambiado?

Durante los primeros años de su gestión, el Gobierno promovió las energías renovables y estimuló inversiones privadas en instalaciones solares. Numerosos ciudadanos asumieron ese compromiso con recursos propios, confiando en que producir parte de su electricidad sería una decisión económicamente razonable y ambientalmente responsable.

Por eso, cualquier modificación de las condiciones debe explicarse con transparencia, fundamento técnico y sentido de justicia. Si existen costos reales por utilizar la infraestructura eléctrica, corresponde cuantificarlos y establecer mecanismos proporcionales, sin desconocer las inversiones realizadas ni debilitar la confianza en las reglas del sistema.

Producir electricidad para el autoconsumo no equivale a depender exclusivamente de las distribuidoras. Asimismo, entregar a la red los excedentes de una instalación solar representa una contribución que merece ser considerada dentro de un esquema de compensación transparente y equilibrado.

La tecnología fotovoltaica ha avanzado, sus costos han disminuido y su eficiencia ha mejorado. En vez de levantar obstáculos que puedan frenar su expansión, el país necesita estabilidad regulatoria, reglas previsibles y condiciones que estimulen nuevas inversiones.

El debate, por tanto, no debería limitarse a cuánto cobrar por el uso de las redes, sino a cómo financiar su sostenibilidad sin castigar innecesariamente la eficiencia ni desaprovechar el potencial de las energías renovables.

El sol no pertenece a una empresa distribuidora ni a la super de electricidad. Es un recurso natural que, bien aprovechado, puede ayudar a reducir costos, diversificar la matriz energética y fortalecer la seguridad del suministro nacional.

¿Vamos a estimular a los ciudadanos para que inviertan en energía limpia y después modificar las condiciones de tal manera que esa decisión pierda atractivo? ¿Cómo garantizar que los costos de la red se distribuyan justamente sin convertir la generación renovable en una opción menos conveniente?

La transición energética exige inversiones, planificación y reglas equilibradas. También demanda coherencia entre los incentivos que se promueven y las decisiones regulatorias que posteriormente se adoptan.

En un país que tiene al sol entre sus mayores activos naturales, la prioridad debería ser crear condiciones para que esa riqueza se traduzca en bienestar, competitividad y ahorro para los dominicanos.

Como nos recordó Pedro Mir, somos una tierra situada «en el mismo trayecto del sol». Aprovechar esa bendición debe formar parte de una visión de desarrollo nacional que concilie la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico con el derecho de los ciudadanos a invertir, innovar y producir energía limpia.