En semáforos, aceras y entradas de grandes comercios de Santiago, y de muchas ciudades del país, se repite una escena que ha terminado por normalizarse: niños y niñas con discapacidad visible, o recién nacidos, conducidos por una persona adulta que, generalmente, porta un letrero pidiendo ayuda. El adulto suele presentarse como madre o padre. El niño, casi siempre en silencio, cumple el rol más duro, que es el de despertar lástima.

Son infancias usadas como pasaporte de la compasión ajena.

Esta práctica constituye una forma de explotación infantil con fines de mendicidad, agravada cuando se instrumentaliza la discapacidad. El niño no decide estar allí. Permanece expuesto durante horas al sol, al tránsito, a enfermedades y a riesgos físicos y emocionales. La vulnerabilidad se convierte en argumento y la calle en escenario de abuso cotidiano.

El fenómeno tiene antecedentes claros. En la década de los noventa tomó fuerza el alquiler o arrendamiento de niños y niñas para mendigar. Padres biológicos o intermediarios los cedían por dinero a terceros para colocarlos en semáforos, puertas de negocios o puntos estratégicos de alta afluencia. Hoy las formas se camuflan, pero el mecanismo persiste y sigue encontrando espacio en la indiferencia colectiva.

La reacción ciudadana más común es dar dinero. El gesto suele nacer de la compasión y de la impotencia, pero en la práctica termina sosteniendo el círculo de explotación. Cada moneda refuerza un mecanismo que funciona y garantiza que el niño regrese al mismo lugar al día siguiente, expuesto a los mismos riesgos y condiciones. Esta práctica se conoce como mendicidad forzada, una forma de explotación en la que la niñez es utilizada como recurso para provocar lástima.

Ante estas situaciones, la responsabilidad ciudadana es denunciar. No corresponde confrontar al adulto ni grabar al niño para redes sociales. Tampoco intentar rescates improvisados que pueden agravar el riesgo. La protección real se ejerce activando las vías institucionales y confiando en los mecanismos formales de intervención.

En la República Dominicana, la entidad rectora del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes es CONANI, que recibe denuncias a través de la Línea Vida 809 200 1202 y *211, disponibles las 24 horas. Estas líneas permiten reportar casos de explotación infantil, mendicidad forzada y utilización de niños con discapacidad en espacios públicos.

Cuando se observan prácticas reiteradas, intermediación o posible alquiler de niños, también corresponde acudir al Ministerio Público, en particular a las fiscalías especializadas en niñez y adolescencia. En situaciones de peligro inmediato, recién nacidos expuestos, niños en condiciones de riesgo evidente, contactar a la Policía Nacional para una intervención urgente, es mandatorio.

Denunciar no significa criminalizar la pobreza. Denunciar es defender derechos y activar la responsabilidad del Estado y de la sociedad. La mendicidad forzada con niños, y más aún cuando se utiliza la discapacidad, vulnera principios fundamentales de dignidad humana y perpetúa una forma de violencia silenciosa que hemos aprendido a tolerar.

Como sociedad, estamos llamados a mirar estas escenas con responsabilidad cívica. La compasión verdadera se mide en la decisión de proteger, denunciar y exigir presencia institucional. Ningún niño o niña debería crecer aprendiendo que su cuerpo, su condición o su silencio son la vía para sobrevivir en la calle.